Ana María, siempre

A 14 años de la muerte de Ana María Acevedo, repasamos la lucha que se entretejió con el caso y cómo es el estado de la aplicación de la ley de interrupción del embarazo en Santa Fe, un derecho al que Ana María y otras tantas mujeres no pudieron acceder. Hablamos con Mariángeles Guerrero, integrante de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de Santa Fe.


Ana María Acevedo tenía 19 años y 3 hijos cuando se murió, un 17 de mayo de 2007.

Era la hija mayor y desde chica cuidaba de los hermanos cuando los padres trabajaban. Aroldo Román era puestero y Norma portera en una escuela. No tenían estudios. Ana María llegó a terminar la primaria, pero no pudo seguir.

Pasó la infancia montando a caballo, trabajando en la huerta y ordeñando las vacas que la familia tenía en el patio. Con la leche que sacaba, alimentaba a siete chivitos. Lo que más disfrutaba era cocinar. Su especialidad era la pizza casera. Aprendió viendo a su mamá y se perfeccionó tomando cursos de cocina.

En mayo de 2006 un fuerte dolor en la boca la llevó de urgencia a visitar el Centro de Salud de Vera. Le extrajeron una muela y le dieron antibióticos. El dolor volvió. Ana visitó el hospital Cullen en la ciudad de Santa Fe donde le diagnosticaron un sarcoma maxilar, un tipo de cáncer que se origina en ciertos tejidos como los huesos o los músculos. Los médicos le extrajeron una parte del tumor y la derivaron al Servicio de Oncología del Hospital J.B. Iturraspe -también en Santa Fe- para que hiciera un tratamiento de quimioterapia y rayos.

En noviembre viajó a iniciar el tratamiento. Ana estaba embarazada de dos semanas. Los médicos se negaron a hacerle quimioterapia para preservar la salud del feto y la derivaron al Servicio de Ginecología, donde estuvo internada con analgésicos hasta la víspera de Nochebuena.

El embarazo avanzaba al mismo tiempo que el sarcoma le tomaba la cara. En febrero de 2007 Ana volvió al hospital Iturraspe. Estaba dolorida y de 13 semanas. Los médicos le dijeron que debía quedar internada en el Servicio de Oncología, donde la medicaron para calmar el dolor en dosis lo suficientemente bajas para que no afectaron al feto.

Ella y sus padres, una familia muy pobre y de pocos recursos, hicieron todo lo que pudieron para que a Ana María se le practicara un aborto no punible, como dicta el artículo 86 del Código Penal Nacional, que dice que no será punible el aborto practicado a una mujer cuando corriera riesgo la salud o la vida de la madre.

El 22 de febrero el Comité de Bioética del hospital analizó la situación. En la reunión participaron tres médicos del servicio de oncología, una asistente social y una psicóloga, un médico del servicio de obstetricia, un médico radioterapeuta ajeno al hospital y tres integrantes del Comité.

“¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico?”, preguntaron desde el Comité.

“Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no”, dio su contundente respuesta el jefe del Servicio de Oncología.

En el acta quedó registrada la reunión donde los médicos reconocieron que el tratamiento que le daban a Ana sólo combatía el dolor y no la enfermedad.

El 29 abril Ana se sometió a una cesárea programada. Después de 22 semanas de gestación parió a su primera hija mujer: María Guadalupe de los Milagros. Pesó 450 gramos y murió un día después. Ana no la llegó a ver.

La salud de Ana empeoró. Ocho días después de la cesárea le hicieron la primera sesión de quimioterapia. Le siguió una traqueotomía. Al tiempo entró en coma farmacológico y murió dos semanas después.

Por aquellos años, el gobernador de la provincia era Jorge Obeid, del Partido Justicialista. Estaba a cargo del Ministerio de Salud provincial Silvia Simoncini. La negativa a salvar la vida de Ana María comenzó en primer lugar por el director del Hospital Provincial Iturraspe, Andrés Ellena, quien ocupaba dicho cargo desde el 2000.

El caso de Ana llegó a la Justicia. En julio de 2008 el juez Eduardo Pocoví procesó al ex director del hospital Iturraspe, Andrés Ellena, y a otros cinco médicos. Ninguno llegó a juicio.

Ocho años después, el Estado provincial pidió disculpas a la familia y firmó un convenio de resarcimiento económico.

El largo camino hasta la ley

La Chola Manzur vivía cerca del Iturraspe y, cuando pasaba por el frente, veía a la familia de Ana María apostada donde siempre. Cuando se enteró de lo que pasaba, enseguida tomó parte: “Incluso antes de la muerte, la Multisectorial de Mujeres y la Campaña empiezan a reclamar por ese derecho el aborto”, cuenta Mariángeles Guerrero, integrante de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.

Chola llegó a estar en la plaza, en la vigilia, a festejar la aprobación de la ley después de militarla durante años; y falleció un jueves de enero de este año. “Las compañeras que acompañaron a Norma [nota: Norma Cuevas, madre de Ana María Acevedo] en el juicio, son compañeras feministas de la Multisectorial de Mujeres –sigue Mariángeles–: Lucila Puyol, la Chola Manzur, Flor Marinaro, Paula Condrac. Y quería resaltar la figura de la Chola porque es una figura histórica, una pionera en Santa Fe. Este es el primer año con ley pero también el primer año sin Chola en esta lucha. Hablar de la historia de Ana María es hablar de Chola también, de su solidaridad y de su lucha por los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes”. 

Cuando en 2018, el Senado se opuso a la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Mariángeles Guerrero recuerda que, en un momento, se hizo un silencio y alguien gritó desde el escenario: Ana María presente. “Y eso fue como decir, toda esta lucha por el aborto legal es una lucha por esa autonomía y por todas esas Ana María en el país que en lugar de garantizárseles ese derecho se las condenó a muerte“.

–¿Cómo pensás que se fue construyendo el movimiento feminista en Santa Fe en relación al aborto?

–Santa Fe siempre estuvo como un movimiento muy importante en pos de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Me remonto a la Reforma Constitucional por ejemplo, cuando querían poner una cláusula que hoy hubiera evitado la legalización del aborto, y fueron principalmente las compañeras de acá que hicieron movilizaciones muy importantes para frenar eso. Había un movimiento que ya estaba en pie de lucha.

¿Cuáles son esos hitos que podríamos marcar?

–En 2002, Santa Fe fue una de las primeras provincias que tuvo Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (11.888). En el marco de esa ley se crea el Consejo Asesor de Salud Sexual y Procreación Responsable y en ese momento Reutemann llama a la Iglesia a participar del Consejo Asesor, y ahí otra vez estuvieron las compañeras para decir que no, que ahí tenían que estar las compañeras feministas, los profesionales de la salud, y no la Iglesia. Cuando ocurre lo de Ana María, desde el principio hubo un acompañamiento hacia la familia. En 2007 es la primera Guía de Atención de Abortos no Punibles a nivel nacional, en 2010 se actualiza y en 2012 la provincia adhiere a través de una resolución ministerial. Después la resolución ministerial relativa a la compra de misoprostol en farmacias públicas y posteriormente la política de producción propia de misoprostol en el laboratorio público provincial… sin duda Santa Fe es una provincia pionera, pero también detrás de cada conquista hubo un movimiento muy presente y muy proactivo tanto en Santa Fe como en Rosario.

¿Qué pasó finalmente con el Iturraspe?

–Los médicos no fueron presos, el director del hospital tampoco, el Hospital Iturraspe sigue teniendo una dinámica discriminatoria con respecto al aborto. De hecho en 2015 el Servicio de Ginecología se declara objetor de conciencia, todo el servicio. Eso es un caso de objeción de conciencia institucional, que no existe, no puede un servicio completo objetar, primero porque las instituciones no tienen conciencia, pero aparte porque si objeta todo el servicio, ¿quién garantiza la práctica? No hay una política de derivación desde el hospital. Sí desde la Dirección Sexual y Reproductiva, pero el hospital dice “acá no hacemos abortos, hagan lo que puedan”. Lo que sí hay en el proyecto es la posibilidad de que un cuerpo médico objete, porque son conciencias individuales, pero sí hay que garantizar la derivación, y eso es lo que no está ocurriendo en el Iturraspe.

¿Cuál es la postura a tomar frente a las objeciones de conciencia?

–Esto de la conciencia es una palabra tramposa, porque parece que la conciencia estuviera del lado de los antiderechos, cuando las personas que acompañamos abortos somos muy conscientes, trabajamos respetando los derechos. Creo que hay distintos niveles de objeción: hay personas que objetan por una cuestión religiosa, pero que derivan; hay gente violenta, gente que no deriva, hay distintos matices. Lo que nosotras reclamamos es “objetá, pero derivá; objetá, pero informá”. Porque así como existe el derecho a la objeción de conciencia, perfecto, pero otro derecho que colisiona con ese es el derecho de la persona gestante a abortar, y hay que conciliar esos dos derechos. Está bien, nadie te va a obligar a hacer un aborto, pero si tenés el deber de informar. De repente tu conciencia personal se convierte en un imperativo para la otra persona, como servidores públicos deben entender que el Estado argentino legisló en 1921, en 2012, en 2020, y como funcionarios públicos deben atenerse a las leyes. Hay personas que objetan la práctica en diferentes centros de salud, pero también hay una red de profesionales que sí acompañan estas decisiones. 

¿Han denunciado las faltas de derivación?

–Nosotras desde la Campaña en febrero de este año presentamos por tercera vez un pedido de audiencia a la ministra de salud provincial, Sonia Martorano –en realidad la primera había sido a Parola, que después renunció. Finalmente nos recibió y ahí denunciamos todas estas cuestiones que veíamos, que una vez sancionada la ley seguía habiendo dilaciones, dificultades en el circuito de referencia. En las primeras semanas de gestación se puede realizar de forma ambulatoria, en algunas ocasiones requiere que se derive a un segundo o tercer nivel y ahí veíamos complicaciones porque los dos hospitales de tercer nivel del centro norte provincial son objetores de conciencia o realizan una lectura restrictiva del derecho. No es una demanda nueva, siempre venimos reclamando porque el Iturraspe y el Cullen estén a la altura de las circunstancias. Martorano nos recibió en la primera semana de marzo y ahí volvimos a ampliar las demandas, por ejemplo, generar capacitaciones para los equipos. Planteábamos las dificultades en el acceso a anticonceptivos, hay mujeres que no están pudiendo acceder. Con las compañeras socorristas, con los profesionales que sí están comprometidos siempre hay cómo acceder pero ese cómo acceder muchas veces se da desde los activismos o desde la militancia y no desde los profesionales que deberían estar a la altura de las circunstancias. En el Cullen también, algunas situaciones toman y otras no. Entonces lo que nos propuso la ministra y se comprometió es a generar capacitaciones, nos informaron que se contrató un personal médico para capacitar, nos informaron también que se creó a partir de la resolución 215 una mesa interministerial entre la Secretaría de Estado de Igualdad y Género que tiene rango ministerial y el ministerio de Salud una mesa para abordar estas situaciones y que se garantice el derecho al aborto en la provincia.

–¿Hubo alguna respuesta en relación a la situación del servicio de ginecología del Hospital Iturraspe?

–Planteamos esta situación del Iturraspe y nos plantearon la posibilidad de crear un equipo alternativo que pueda dar las respuestas que no está dando el hospital, pero eso está muy en veremos. Lo otro que venimos reclamando es que se vuelva a convocar el Consejo Asesor que empezó a funcionar en 2002 con las organizaciones de mujeres, y la última convocatoria fue en septiembre de 2019. Ese Consejo es muy importante porque es donde las organizaciones vamos a plantear nuestras demandas. El Ministerio de Salud es el que convoca a ese Consejo. Nos dijo Martorano que iba a convocar, pero no tenemos fecha todavía. Lo seguimos reclamando hasta que nos convoquen. 

–¿A quién hay que recurrir en caso de querer acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Santa Fe?

–Hay un 0800-2223334, que es nacional y articula con la Dirección Provincial de Salud Sexual, y ahí se gestionan las derivaciones necesarias para acudir cuando hay dilaciones o problemas en el acceso al aborto. Después están las redes socorristas, las Nanas, la línea del Foro, Acción Mariposa. Empezar por el 0800. Hay situaciones de 16, 17 semanas que exceden el plazo establecido en la ley de IVE pero que encuadran en el artículo 86 que sigue vigente. Esta preocupación hay que visibilizarla, porque si bien se estableció el plazo de la semana 14 también sigue vigente la despenalización por causales. En nuestro marco legal actual conviven las dos formas y nosotras reivindicamos que estos abortos que exceden las 14 semanas sigan siendo realizados. 

–¿Cuál es la sensación, el sentimiento de las compañeras de la Campaña un día como hoy?

–A 14 años sin Ana María, seguimos recordándola y llevando su historia como emblema de la violación a los derechos humanos de las mujeres en nuestra provincia. Y también el 28 de mayo cumplimos 16 años como Campaña. Seguimos en campaña a pesar de que conseguimos nuestro objetivo. Esa ley se consiguió por la militancia, ni siquiera en pandemia dejamos de activar para lograrlo, fue un trabajo incansable, llegamos a presentar ocho veces nuestro proyecto de ley. Fue un laburo muy importante de la Campaña, que es una articulación federal, y ahora que logramos nuestro objetivo principal y lo celebramos, seguimos en campaña para que esa ley se implemente efectivamente en todo el país. Las situaciones son muy diversas a nivel nacional, y por nuestro triple lema –educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir–, por la ESI y por los anticonceptivos seguimos en pie de lucha. Este 28 de mayo nos encuentra también movilizadas para que el derecho al aborto sea una realidad efectiva y accesible en todo el país, sin distinciones y sin discriminaciones.