Dos orillas, un solo río y una lucha

Hace 16 años, la comunidad gualeguaychuense tomó el puente que une Argentina con la República Oriental del Uruguay para dejar encendida una llama de advertencia: los severos efectos que implicaría la instalación de la planta pastera Botnia, perteneciente al hoy segundo productor de pulpa de celulosa a nivel mundial. La concejala Susana Villamonte y el activista Javier Pretto ponen en palabras el caso que marcó un hito de protesta socioambiental en el mundo, recordado cada año con una marcha o, como este 2021, por la pandemia, con una caravana.

Por Ana Cornejo. Fotos de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú


En 2007 se sancionó en Entre Ríos la Ley 9.789, impulsada por la sindicalista y ex diputada Beatriz Montaldo, a partir de la cual se estableció el 30 de abril como el Día de la Participación Ciudadana, “en conmemoración y reconocimiento de la gesta popular en defensa de los derechos del pueblo entrerriano sobre su medio ambiente, desarrollada en la ciudad de Gualeguaychú, bajo la emblemática consigna ‘No a las Papeleras’”.

Cuando miles de argentines y uruguayes se movilizaron por primera vez hacia el Puente Internacional Libertador General San Martín con banderas y carteles en defensa de la vida común de quienes son atravesados por un río, la lucha contra la instalación en la localidad de Fray Bentos de la planta pastera de la trasnacional española ENCE y de la finlandesa Metsä Botnia (actualmente UPM) quedó volcada e inscripta sobre el espacio público. El 30 de abril quedó grabado en la memoria de sus partícipes y posteriormente convertido en efeméride por ley provincial.

A partir de entonces, se conformó la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) y el conflicto cobró visibilidad nacional e internacional, dando lugar al avance a una denuncia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra el Estado Nacional Uruguayo por incumplir con el Estatuto del Río Uruguay, al poner las aguas fluviales en peligro de contaminación sin consentimiento bilateral. Además, dio inicio a posteriores acciones de fuerza, como el corte del puente que une a ambas naciones y que fue sostenido durante más de tres años. 

En su informe publicado en 2013, les investigadores de la UNER Carina Cortassa, Andrés Wursten y Gonzalo Andrés definieron el conflicto como una controversia socio-tecno-ambiental latinoamericana, que se puede estudiar como caso paradigmático. “Se argumentará que los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad latinoamericanos aún tienen por delante el desafío de generar herramientas reflexivas y evaluativas más sensibles a las particularidades que asume la participación ciudadana en conflictos socio-tecno-ambientales en ese contexto, si pretenden que sus aportes cognitivos resulten útiles para el diseño de políticas públicas orientadas a promoverla y gestionarla”, escribieron.

Para conocer en mayor profundidad esta lucha aún presente, entrevistamos a la concejala Susana Villamonte y al referente de la ACAG Javier Pretto sobre el avance de la industria pastera en nuestros territorios, las relaciones internacionales y la importancia de la participación ciudadana para la defensa y la promoción de los derechos ambientales. 

“Ningún emprendimiento humano puede ser exitoso si no es sustentable”

Susana Villamonte es actualmente concejala de Gualeguaychú del Bloque Creer Entre Ríos. Ella viene del campo de la salud: es odontóloga y estomatóloga. Formó parte de la fundación de la ACAG y ejerció como directora de Ambiente durante la gestión municipal pasada. Durante la entrevista, se preocupó por contextualizar el ‘Tema Pasteras’, dejando en claro que es algo que da para hablar mucho tiempo y complejo de delimitar. 

Para introducirnos, afirmó: “tiene una larguísima historia que comienza con un modelo forestal que adoptó Uruguay desde los años 80: el monocultivo, con la consiguiente concentración y extranjerización creciente de la tierra; vaciamiento del campo y desaparición de pequeños agricultores; disminución en la producción de alimentos debido a la reasignación de suelos a plantaciones de árboles y de soja; grave afectación de los principales recursos naturales; escasa generación de empleos (a destajo, mal remunerados, sin seguridad laboral, mediante subcontrataciones y poca sindicalización); escasez y el encarecimiento de madera para leña y para el abastecimiento de aserraderos locales”.

Susana Villamonte

—¿De qué modo participaste durante el conflicto?

En los inicios me uní a la ACAG y fui autora de uno de los documentos fundacionales junto con el Dr. Martín Alazard: ”Impacto en la salud de las pasteras a nivel internacional”. Como directora de Ambiente trabajé codo a codo con la Asamblea, utilizando las herramientas que me daba ocupar ese lugar.

—¿Cuáles son las particularidades de esta lucha que la volvieron un caso paradigmático?

Básicamente, la intensidad con que el Estado Nacional es interpelado desde lo global y lo local. También el papel que los movimientos sociales pueden tener en procesos que conjugan lo productivo y lo ambiental, la cultura como dimensión central y una comunidad local dotada de un modelo de desenvolvimiento, o al menos de una percepción sobre el mismo como parte de sus señas de identidad que colisiona con un proceso productivo al que juzga mortíferamente amenazante.

—¿Cómo se consolidó el conflicto social?

Gualeguaychú es una ciudad que tiene como columna vertebral una relación “sentimental” amorosa con su río y la naturaleza. El proyecto de radicación de dos empresas productoras de pasta de celulosa en cercanías de Fray Bentos, en un tramo de soberanía binacional compartida con Argentina, y la organización de un colectivo con una fuerte capacidad de movilización social y cultural, con aptitud para alinear bajo su reclamo a la mayoría de lxs actores de la comunidad regional, fueron lo que consolidó la lucha. Desde 2015, el Estado Municipal recorre de la mano con la Asamblea el camino de la lucha, con innumerables acciones de gestión política.

—¿Cómo cobró visibilidad la problemática a nivel nacional e internacional?

A mi entender, internacionalmente cuando Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, principal órgano judicial de la ONU. Esto fue posible a partir de que las movilizaciones provocaron las reacciones de distintos sectores, y hasta una discusión que protagonizaron los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vásquez.

—¿En qué situación se encuentra la causa?

Actualmente se sigue reclamando insistentemente en Cancillería Argentina por los reiterados incumplimientos del gobierno uruguayo al fallo de La Haya.

—¿Qué significa la lucha por el ambiente para Gualeguaychú?

Es la lucha por la vida, por la soberanía territorial, por la supervivencia… ningún emprendimiento humano puede ser exitoso si no es sustentable. Y ningún daño ambiental que se haya producido tuvo licencia social del pueblo de Gualeguaychú. Somos de los pocos municipios (y quizás el primero) que tiene un eje político ambiental sostenido y defendido por su Estado, ocupando un primerísimo lugar en la agenda pública local de forma permanente. 

—¿Qué expectativas tenés respecto a las políticas ambientales de los próximos años?

Esto ameritaría una respuesta muy extensa. Las políticas ambientales tienen que contemplar múltiples aspectos… todo lo que sea protección de agua, tierra y aire. Todo depende fundamentalmente de que los acuerdos internacionales, nacionales, provinciales y municipales que se firman en pos del cuidado ambiental se cumplan efectivamente. Lamentablemente, eso no ocurre en la medida que sería deseable y quedan en meras declaraciones. El tiempo pasa y el ambiente se deteriora día a día.

“Logramos un montón, sólo que no lo dimensionamos”

Javier Pretto trabaja como mecánico, integra desde sus inicios la ACAG y actualmente preside la ONG de la institución. Como la mayoría de les vecines gualeguaychuenses que un día se empezaron a organizar para encarar esta lucha, tuvo que formarse en la materia y en la colectividad adquirir conocimientos prácticos de asambleísmo que se tradujeron en un ejemplo de defensa popular del ambiente en todas las escalas territoriales. Ante la pregunta respecto a si se define como militante o activista, dijo: “en la Asamblea hay médicos, abogados, arquitectos, amas de casa… toda la diversidad de personas que puede haber en una ciudad. De tener una etiqueta, puede ser la de defensores del ambiente”.

Javier Pretto

—¿Cómo se programaba la llegada de Botnia a nuestra región?

Estaba programado desde antes del 2000 que a esta zona se vengan cinco pasteras, de las que ya se está cumpliendo la tercera, sobre el río Negro, que desemboca en el Uruguay. En un momento se estaban instalando la planta de ENCE y Botnia a menos de cinco kilómetros, divididas por el Puente San Martín, pero se logró detener a la de capitales españoles, si bien fue a parar al río de la Plata sin encontrar resistencia. Europa quería sacarse de encima esa industria y traerla a nuestra región porque no había ese tipo de contaminación y éramos más baratos. El Estado Uruguayo eligió ese modelo de producción, pero ahora está empezando a dimensionar la destrucción de la naturaleza, y que se están llevando riquezas y dejando migajas. Pero está tan metido en esa relación con las empresas que ya es tarde para salirse. 

—¿Qué motivos impulsaron a movilizarse?

Un grupo de ambientalistas uruguayos que en Fray Bentos no tuvieron ningún tipo de eco vinieron a Gualeguaychú y nos advirtieron del desembarque de estas empresas. Eso nos hizo poner a investigar qué era una pastera, de qué se trataba, las dimensiones. Nos contactamos con ingenieros, biólogos, químicos, médicos, especialistas que trabajaron en plantas de pulpa de celulosa. Nos interiorizamos de que la pastera estaba entre las tres industrias más sucias del mundo, que además en Uruguay, al estar en zona franca, no paga impuestos de importación y exportación. Hubo intentos de diálogo a través de la intendencia de ambas ciudades, pero el intendente uruguayo Omar Lafluf sostenía la creencia de que las pasteras no contaminaban y que nosotros éramos los que estaban fuera de contexto. Por lo que se rompieron las relaciones. 

—¿Cómo se organizaron?

Luego de la movilización del 30 de abril de 2005 se crea la ACAG. Empezó a haber mayor difusión en los medios de comunicación y a ingresar más gente. Salíamos a la calle con bafles y micrófonos para informar lo que estaba sucediendo. La Asamblea es un movimiento totalmente horizontal en el que cada uno tiene la misma voz y voto, si bien siempre se intenta llegar a consensos para acortar los tiempos de debate. Imaginate la diversidad de pensamientos cuando éramos 2000, 3000 o 4000 personas. Al principio nos juntábamos en la Municipalidad, luego en clubes, y una vez en el Teatro de Gualeguaychú… no había lugar físico para que entrara tanta gente, y algunos encuentros llegaban a durar tres o cuatro horas. Algunos dicen que no logramos nada, pero pienso que logramos un montón, sólo que no lo dimensionamos. Desde un principio me parecía la lucha de un montón de hormigas contra un elefante, pero resultó que no era alérgico a ellas. 

—¿Cómo iniciaron los cortes de ruta?

El diálogo fue en vano, por eso pasamos a los cortes. Primero fueron de 15 minutos, luego de 20, 30 y así. Con eso queríamos decirle a Uruguay que las pasteras iban a desplazar al resto de las actividades económicas, como el turismo… el balneario Las Cañas está a muy pocos kilómetros de la planta de UPM. Luego decidimos endurecer nuestra postura.

—¿Qué lugar ocupa la dimensión ambiental en el conflicto? 

A pesar de todo esto, Uruguay siguió con la construcción de la planta del proyecto Orion sin autorización de Argentina, violando el Estatuto del Río Uruguay, y por eso se recurrió a La Haya. Pero ésta no tenía vigente el derecho precautorio frente a los delitos ambientales. Reconocía que el río estaba contaminado pero que no podía determinar de dónde, ni imponerle una sanción o freno a Uruguay. Por su parte, Argentina no ha tenido la firmeza suficiente, dejando que terminen haciendo lo suyo desde su lado del río, como si éste no fuera uno solo. Además, el Estatuto no contempla la contaminación por aire, siendo que las partículas que salen de la chimenea caen al agua. Y al día de hoy el lado argentino de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) no sabe qué es lo que sale de esas chimeneas.

—¿Qué postura sostuvo la CARU?

Si no se ponen de acuerdo desde las dos partes con algo, no se hace. Su funcionamiento es muy deficiente. Venimos pidiendo que se hagan públicas las entradas a UPM. Cuando eran presidentes, Pepe Mujica y Cristina Fernández de Kirchner acordaron en una reunión en Anchorena realizar monitoreos una vez al mes, pero la empresa quería determinar toda la visita de inspección… no es una entrada libre. Se debe controlar y exigir con sanciones que se cumpla con lo que corresponde. Ahora se hizo un pedido de revisión del monitoreo y del Digesto y, si la CARU no accede, que al menos se haga un control exhaustivo unilateral desde el lado argentino.

—¿En qué consiste el nuevo Digesto?

El 5 de diciembre de 2019, días antes del traspaso del poder nacional de Argentina, se publicó la Resolución CARU 28/19 que modificó el Digesto del Río Uruguay, que es lo que determina la calidad de las aguas. Con los nuevos valores que pusieron, todo lo que hacen las empresas está permitido. Se violó el principio de no regresión en cuanto a las exigencias técnicas que se deben respetar, yendo en contra del Estatuto que se supone que es una norma que rige por sobre el Digesto. Por otro lado, se establece la definición de zonas de mezcla donde caen los efluentes y las exceptúa de controles de calidad, como si el río estuviera partido y no se mezclaran las aguas. El Uruguay tiene poco caudal, mucho menos que el Paraná, es un río de flujo y reflujo.

—¿Cómo se trabaja para la concientización de la ciudadanía de Gualeguaychú sobre las papeleras?

Esa es otra semilla que ha quedado. El movimiento asambleario de acá sirvió como impulsor de asambleas en otros lugares del mundo. Antes de la pandemia veníamos trabajando con escuelas y universidades, venía gente de todas partes del país a conocer el Puente, el paraje Arroyo Verde, la entrada a UPM… todos lugares significativos de esa historia. También se creó la licenciatura en gestión ambiental de la UADER, con sede en Gualeguaychú. Las nuevas generaciones tienen en su ADN incorporadas muchas cuestiones que nosotros no, como por ejemplo separar la basura. Esas pequeñas cosas son un logro de tantos años de lucha.