Territorios de sacrificio

La minería en Catamarca tiene una historia compleja: nació con el sueño desarrollista y con cláusulas en favor del sistema universitario y, en el camino, atrajo empresas multinacionales, filtró metales pesados en el agua y sembró la lucha popular. Resumimos la historia de los últimos veinte años y, de paso, repasamos cómo el extractivismo se infiltra en las instituciones y el discurso público, a costa del padecimiento de los territorios.


Hay un stencil que se puede leer en algunas paredes de Paraná. En la esquina de Buenos Aires y Alameda de la Federación la pintura ya está desgastada por el paso del tiempo. Cuando lo pintaron, se chorreó el aerosol en algunas letras y eso le da un efecto sangriento que se superpone al sentido de la frase. Lo potencia. Reza Asueta contamina y, lo curioso, es que está directamente relacionado con la lucha del pueblo catamarqueño contra la megaminería.

Corría el 2009. Eduardo Asueta era en ese entonces rector de la UNER.

50 años antes, en 1958, a través de la Ley N° 14.771 de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), se aprobó el cateo, exploración y explotación de minerales en Catamarca y Tucumán. Allí se estableció que una vez cumplidas los propósitos de utilidades (ver ley), de un 40% destinado a la Universidad de Tucumán para la construcción de su campus, se destinaría el 50% de esa suma a un fondo nacional que se distribuiría entre las demás universidades del Estado.

En 2008 llegaron los primeros fondos mineros a Entre Ríos, precisamente, de la mina Bajo la Alumbrera de Catamarca. Ese año, la noticia pasó inadvertida. Pero un año después, la comunidad universitaria se detuvo a discutirlo: ya eran de público conocimiento las denuncias de contaminación y depredación del agua.

Bajo la Alumbrera operaba en Catamarca desde 1997 extrayendo oro y cobre. En ese momento, explotaba 340 toneladas de roca por día y utilizaba 4 millones de litros de agua por hora, en una zona desértica.

Luego de filtraciones de sulfuro, plomo, mercurio y arsénico, derrames e innumerables denuncias de las comunidades de Catamarca y Tucumán, el vicepresidente de la compañía, Julián Rooney, fue procesado por el delito de contaminación. Se convirtió en el primer caso en Latinoamérica en el que un ejecutivo minero llegaba a esa instancia judicial. Hasta los propios informes de impacto ambiental de la empresa probaron la contaminación por encima de los niveles permitidos por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Jorge Mayoral era el secretario de Minería de la Nación.

Todo eso se discutía en ese momento. Las Facultades de Ciencias de la Educación y Trabajo Social fueron las más movilizadas. Sin embargo, finalmente, tras largas discusiones en el Consejo Superior, los fondos fueron aceptados por la Universidad Nacional de Entre Ríos (y por muchas otras universidades).

“Adquirir dinero de un espacio tan terrible fue un cimbronazo a nivel personal y social. Porque la noticia salió en todos lados, recuerdo que mucha gente me preguntaba. Hizo algún ruido. No se entendía qué posición tomaba la universidad, porque apostaba a construir sujetos críticos y en paralelo ésto”, sostiene Elina Cánepa, quien se desempeñaba como consejera superior estudiantil por la Facultad de Ciencias de la Educación.

Bajo La Alumbrera y Agua Rica, un solo corazón

El yacimiento pertenece al Estado catamarqueño, a la Universidad Nacional de Tucumán y al Estado nacional, quienes forman la sociedad Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). La explotación, a través de Minera Alumbrera, fue propiedad de un consorcio suizo-canadiense de tres empresas Glencore, Goldcorp y Yamana Gold, denunciado por contaminación y defraudación al fisco.

En 2017, la Cámara Federal de Tucumán dispuso a través de una medida cautelar la suspensión inmediata de la actividad de las mineras Bajo la Alumbrera y Bajo el Durazno hasta tanto se realizaran informes periciales sobre la contaminación y degradación del medio ambiente. Un mes después, el juez federal catamarqueño Ricardo Moreno dejó sin efecto el pedido de suspensión. De todas formas, la empresa dio por terminada su actividad a cielo abierto en 2018, por la finalización de la vida útil del yacimiento. Directivos de la empresa dijeron estar comenzando los estudios preliminares para hacer operaciones subterráneas.

En paralelo, desde hace una década, el gobierno provincial de Catamarca, con apoyo de Nación, impulsa un nuevo yacimiento llamado Agua Rica (del que Yamana Gold es el mayor accionista). Es tres veces más grande que la Alumbrera y está ubicado a 17 kilómetros de Andalgalá, al pie de los Nevados del Aconquija, donde nacen los ríos que proveen de agua a la población y a las actividades agrícolas de la región. La subcuenca del río Andalgalá es una zona periglaciar reconocida por el inventario de glaciares que, por tanto, reclama protección como reserva hídrica estratégica.

Mientras tanto, la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá nació en 2011, justamente, para resistir la explotación del yacimiento Agua Rica. Cada sábado, desde entonces, hacen una caminata para sostener la lucha en defensa del agua.

En diciembre de 2011 presentaron una acción de amparo contra la empresa, la provincia de Catamarca y el Municipio de Andalgalá, planteando la ilegitimidad de la autorización de explotación, pues no cumplía con los requisitos previstos en el Código de Minería y la Ley General del Ambiente. En 2016, la Corte Suprema de la Nación hizo lugar al recurso de amparo.

Pero no quedó ahí.

En 2019 se conoció que Agua Rica y Alumbrera se fusionarían en M.A.R.A. En sus estudios de impacto ambiental obviaron la existencia de un importante número glaciares de roca y ambiente periglacial en la zona de impacto de sus proyectos. En consecuencia, la asamblea hizo una denuncia penal a directivos de YMAD y funcionarios de la Secretaría de Minería de la Nación por no cumplir con la Ley de Glaciares ni respetar la prohibición establecida en su Art. 6.

De todas formas, el proyecto ya está en marcha. El miércoles 7 de abril la empresa Yamana Gold ingresó maquinaria de forma ilegal para avanzar en la perforación del Aconquija, con autorización del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Agua Rica viola la Ley de Glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosque Nativo y los derechos humanos garantizados por nuestra Constitución y por Convenios internacionales. Viola también la Ordenanza municipal 29/16 que prohíbe toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá.

Viola además el fallo de la Suprema Corte de Justicia que reconoce el derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la integridad física y a la propiedad de todos los habitantes de la región.

Por eso el pueblo de Andalgalá está movilizado.

Tras la marcha del sábado 10 de abril y el incendio de la oficina de Agua Rica, la fiscal subrrogante Soledad Rodríguez y el juez Rodolfo Cecenarro ordenaron el allanamiento y detención de siete vecinos y vecinas asambleístas en custodia del río Andalgalá y el cerro Aconquija. La asamblea El Algarrobo denunció la zona policial liberada y la infiltración de personas ajenas a la asamblea en la movilización, así como la arbitrariedad de estas detenciones violentas.

Al día de hoy son 12 lxs detenidxs sin carátula de causa. Sus nombres son Ailén Saracho, Sara Fernández, Matías Paz, Walter Mansilla, Rubén Sachetti, Jorge Ramos, Enzo Brizuela, Damián Abel, Eduardo Villagra, Augusto Brizuela, Aldo Flores, Oscar Martiarene.

En las calles de Andalgalá circula gendarmería.

Mientras tanto, el pueblo dice que el agua vale más que el oro. Y que la megaminería no tiene ni tendrá licencia social.

Foto de portada: Susi Maresca