Susana Cogno: “El Gobierno debe garantizar un plan claro tanto para la presencialidad como para el teletrabajo”

A casi un año de vida en pandemia ya nos resignamos a pensar que la convivencia con el coronavirus tiene para rato. Sin embargo, pese a esta evidencia tan notoria, cierto halo de pensamiento mágico flota en los debates que articulan la rosca política argentina. Es que pareciese no haber punto medio entre una postura que apela a la libertad individual por encima de todo orden colectivo y la ilusión de que una vacuna hará en un mes el trabajo que, al menos, debería llevarle todo un largo año.

La opinión pública aparece contaminada entonces por ideas tribuneras y simplistas, y son esas mismas sentencias las que funcionarios y referentes de la oposición utilizan para proponer medidas de urgencia. Como consecuencia, les trabajadores vienen siendo obligades a participar de un ensayo general improvisado en el que solamente pareciera importar el juego de a ver quién tiene la razón.

Un claro ejemplo es el intento por acordar criterios básicos para iniciar el ciclo lectivo 2021. Por lo general las autoridades y figuras políticas utilizan el valioso tiempo del aire mediático para debatir si “clases presenciales sí o clases presenciales no”, un enfoque poco esclarecedor que no aporta mayores ideas a la solución real del problema.

Para los gremios docentes, en cambio, es necesario zanjar el debate aceptando que el contexto de pandemia y el déficit de infraestructura obligará a elaborar estrategias de trabajo más audaces, capaces de superar el dualismo virtual/presencial con estrategias que le saquen el jugo a ambas modalidades. Urge para ello consensuar protocolos básicos que respeten la opinión de la masa de docentes y alumnos que comprobaron con sus cuerpos la real situación de la docencia en cuarentena, a fin de no cometer los mismos errores o transitar caminos ya refutados.

También se necesita inversión. Hace años que las escuelas públicas del país no cumplen con las condiciones mínimas requeridas, y actuar de forma responsable equivaldría también a destinar aquellas partidas presupuestarias que en épocas de campaña siempre aparecen como una posibilidad pero que a la hora de gobernar ya no se encuentran.

En este contexto es que Susana Cogno, secretaria general de Agmer Paraná y rectora de una escuela secundaria de la ciudad, cuenta que la discusión paritaria que se inició esta semana en Entre Ríos tendrá dos prioridades: la recomposición salarial y la construcción de condiciones laborales más dignas y seguras.

—¿Están las condiciones dadas para el retorno a clases?

El Gobierno de Entre Ríos decidió a fines del año pasado el retorno a la presencialidad de forma unilateral y sin pensar si estaban las condiciones necesarias básicas. Pero debe saberse que el 2020 se caracterizó por la desatención del Estado para con el sistema educativo. La suspensión de la presencialidad significó un desentendimiento en materia de infraestructura y de condiciones laborales, así como de las condiciones de higiene indispensables. Tampoco se preocuparon en garantizar la conectividad para el teletrabajo, ni hubo avances en materia salarial.

Por eso sostenemos que no están dadas las condiciones para la vuelta a la presencialidad. Pensar en el retorno en un marco de rebrote del virus en los 17 departamentos es sumamente riesgoso.

—¿Con qué exigencias encararán las discusiones paritarias?

Requeriremos dos paritarias esenciales: de recomposición salarial y de mejora en las condiciones laborales.

Tenemos que discutir, por ejemplo, cómo se va a aplicar el sistema concursal, que durante todo el año pasado fue dejado de lado.

También debemos ver cómo se llevará adelante el sistema educativo en general, porque durante todo el 2020 los trabajadores pagamos la conectividad, compramos las herramientas tecnológicas, sacamos fotocopias, etc. Es decir que fuimos los trabajadores quienes asumimos la responsabilidad de garantizar que el sistema siga funcionando.

—¿Qué expectativas tienen en materia de recomposición salarial?

Vamos a una discusión paritaria habiendo perdido casi el 20 por ciento en el 2019, más del 40 por ciento durante el 2020 y con un proceso inflacionario creciente que nos hace pensar en otra pérdida del 15 por ciento para el primer trimestre de este año. En consecuencia, el salario de un docente con menos de 15 años de antigüedad está hoy por debajo de la línea de pobreza, y representa apenas el 50 por ciento del valor total de una canasta básica.

Sin salarios dignos no podemos contribuir al crecimiento de la estructura productiva del país ni hacer mover los demás circuitos de la economía. Por eso toda retracción salarial supone el empobrecimiento de la sociedad. Es importante mejorar nuestra calidad de vida y que sean los sectores concentrados (quienes han juntado mucho dinero durante estos años, y aún en pandemia) quienes paguen con mayores impuestos.

—¿En qué condiciones están las escuelas de Paraná y Entre Ríos?

Las escuelas sufren más de 30 problemas estructurales desde hace muchos años. Los problemas edilicios van desde fallas de electricidad hasta la falta de sanitarios adecuados. No hay baños acordes, y muchas escuelas no cumplen las condiciones de higiene y salubridad mínimas. Tampoco hay personal capacitado para garantizar la higiene.

Además debe pensarse que la escuela es una institución que alberga a la mayor cantidad de personas juntas durante cuatro horas, y esto en un contexto donde solo hay 1.100 edificios para más de dos mil instituciones educativas. Es decir que hay una gran falencia de infraestructura. Para garantizar que no haya un contacto masivo habría que contar con personal capacitado y con insumos, que por lo general escasean.

Hace años que las partidas presupuestarias no garantizan las cantidades de lavandina necesarias, y muchas escuelas no cuentan incluso con agua potable. Es ridículo decir que las condiciones están dadas por el solo hecho de asignarle una partida de tres mil pesos a los directivos para que compren barbijos y alcohol en gel.

—¿El Estado está atendiendo todos esos problemas?

El Gobierno anuncia mediáticamente el retorno a la presencialidad sin garantizar las condiciones, ni explicando cómo se va a dar el retorno a la presencialidad. Que el retorno sea bimodal implica que los grupos de alumnos de cada curso van a estar divididos en dos o en tres subgrupos, dependiendo del espacio disponible de cada aula. Entonces se necesita un plan claro, tanto para la presencialidad como para el teletrabajo. Por ejemplo, debe dejarse en claro cuántos nuevos puestos de trabajo harán falta para cumplir con la bimodalidad. Es un proceso que llevará muchos meses.

Son cuestiones que requieren de un debate interno pero también de claridad de cara al ámbito público, porque la sociedad no está entendiendo que el retorno a la presencialidad no implica la vuelta de todos los alumnos al sistema educativo. Para que eso suceda hace falta movilizar a 10 millones de personas en un contexto crítico de la situación epidemiológica.

Pero el Gobierno aún no garantizó nada. Ni siquiera habilitó las conexiones gratuitas o las herramientas tecnológicas. Mientras tanto los docentes estuvimos saltando obstáculos para sostener el sistema. Por eso debe tenerse en cuenta que la construcción de políticas públicas requieren de un diálogo más fluido.

—¿Hubo mucha deserción escolar?

No podemos registrar la deserción porque los chicos no son soldados, no están desertando, sino que atraviesan trayectorias educativas interrumpidas por determinadas condiciones. Pero en líneas generales logramos mantener el vínculo con los alumnos en los sectores más importantes del sistema, es decir, en la educación primaria. Muchos vínculos pudieron mantenerse de forma sostenida, y al finalizar el ciclo lectivo, durante los últimos 50 días, hubo un mayor número de contactos.

Por otra parte, hace muchos años que la Argentina tiene un grave problema para mantener las trayectorias en la educación secundaria, y es por eso que el año pasado no estuvo fuera de la media si se considera lo que viene sucediendo en la última década.

También debe destacarse que cada docente registró el porcentaje de alumnos con el que logró comunicarse, y eso es lo valorable de un año tan difícil como el que pasamos. Se sostuvieron los vínculos educativos y se construyeron estrategias pedagógicas alternativas para sostener el sistema. Es un año para ser estudiado políticamente, porque el esfuerzo que hicimos para sostener la educación pública fue muy grande.

Por eso son muy injustos algunos discursos que se instalaron en el sentido común. No es cierto que no haya habido clases durante el 2020. Dimos clases, trabajamos mucho y logramos muy buenos vínculos pedagógicos y de contenido. Quienes gobiernan deben hacer un examen de conciencia pública para dar cuenta de lo que no pudieron garantizar y no están dispuestos a seguir garantizando.

—¿Cuál es el objetivo a plantearse de cara al ciclo lectivo que se viene?

Estamos convencidos de que la escuela cumple una función pedagógica y social muy importante, y la defendemos desde esa concepción. Pero tampoco somos kamikazes, y controlar la pandemia va a ser una condición esencial para que se pueda retornar al trabajo presencial.

Mientras tanto deben garantizarse las condiciones del teletrabajo. Las autoridades deben garantizar la conectividad y los insumos necesarios para conectarse, porque la virtualidad existirá todo este año e incluso parte del año que viene. Por más que se obligue a la presencialidad, habrá muchas interrupciones de aperturas y cierres.

Es algo que va a suceder, y en vez de discutir sobre si hubo o no clases, y en vez de atacar mediáticamente a los trabajadores, debe trabajarse en una política que atienda la necesidad de continuar el trabajo pedagógico aún sin presencialidad.

Y para volver a las aulas hace falta inversión sostenida. El mito de Sarmiento dando clases bajo la higuera es mentira y la propuesta de dar clases en las plazas es ridícula. La pedagogía necesita tiempo y espacio. No se puede sacar un aula a la calle cuando hay alerta violeta o en pleno invierno. Es vergonzoso querer justificar de cualquier forma la vuelta a la presencialidad sin antes realizar las inversiones requeridas.