Pablo Paillole: “Tenemos que profundizar la organicidad de los sectores populares del campo”

Tener injerencia en los procesos de comercialización y contar con mayores posibilidades de acceso y tenencia de la tierra son los ejes centrales que marcan los reclamos de los pequeños y medianos productores agrarios del país.

Según Pablo Paillole, pequeño chacarero de Camilo Aldao (Córdoba) y director regional de la Federación Agraria, estas demandas solo pueden prosperar si el sector es capaz de organizarse. Por eso lamenta la sucesión de políticas neoliberales que llevaron al desamparo del pequeño y mediano productor, y cuestiona la actitud de la dirigencia que se muestra muy cercana a los planteos más conservadores de la Mesa de Enlace.

Para que las voces de la agricultura familiar y de la mediana y pequeña producción sean tenidas en cuenta, agrega, es necesario contar con un Estado presente capaz de pensar en políticas públicas diferenciadas. “No puede ser que un pequeño agricultor pague el mismo porcentaje de retenciones que los grandes pooles de siembra”, cuestiona.

—¿Cuánto perjudicó la pandemia al pequeño y mediano productor?

—Depende del tipo de actividad. Quienes comercializan commodities (maíz, soja, trigo) no sufrieron un parate de producción porque fueron considerados como actividad esencial. Además hubo una alta suba en los precios de los granos a nivel internacional que generó una mejora sustancial en los precios. No obstante, la mayoría de los pequeños productores no vieron aún esas mejoras, porque la cosecha pasada fue entre marzo y julio y la mayoría vendió al precio viejo, apenas cosecharon.

Para los pequeños productores porcinos fue más complicado. Por dos razones: por el aumento en el precio de las commodities, que es la base de la alimentación de los animales, y por la caída en el consumo del mercado interno. Como consecuencia, muchos productores desparecieron.

—¿Cómo impacta en nuestro país ese aumento en el precio de los granos?

—Es probable que, tal como se dio en otros momentos, aparezcan o se agranden muchos pooles de siembra a partir de presiones para que pequeños y medianos productores les alquilen sus campos. Es una situación difícil para estos últimos, quienes no saben si podrán cosechar en la temporada que viene por el contexto de crisis, y a quienes de pronto se les presenta una oportunidad de alquiler y de garantizar la producción.

Esto produce concentración y desplazamiento. Hoy, 2.600 explotaciones agropecuarias explican el 70 por ciento de la explotación de soja en la Argentina. O sea que es una producción muy concentrada en pocas manos.

—¿Qué otras alternativas tienen los pequeños productores que no pueden garantizar la siembra?

No muchas. Por eso es necesario asegurar el mercado, que es una reivindicación histórica nuestra. Esto es, que se establezca un precio mínimo obligatorio para las distintas producciones agropecuarias, y que se tenga en cuenta el costo y un margen de rentabilidad para poder seguir en la actividad. Se necesita una fuerte intervención del Estado para que no sea el mercado quien organice toda la actividad agropecuaria.

—¿Qué opinás del modelo productivo de Alberto Fernández?

Fue un año de pandemia en la que primó el piloto automático. Vemos, no obstante, que Alberto Fernández debería profundizar algunos de sus intentos, porque hace y dice cosas que generan expectativas y luego terminan siendo tímidas. Pienso particularmente en la posibilidad de expropiación de Vicentín. No puede ser que siete u ocho multinacionales manejen el comercio exterior de granos, porque luego extorsionan a cualquier gobierno democrático con las amenazas de no liquidar las exportaciones y, por ende, de no ingresar los dólares al país.

Otro hecho a resaltar fue la devolución de retenciones a los pequeños productores, medida que se dio a fin de año. Fue una compensación importante, pero habría que profundizar ese esquema a partir de políticas públicas diferenciales. No se puede tratar de la misma manera al capital concentrado que al pequeño productor. Una solución posible es la de retenciones segmentadas, para que no paguen el mismo porcentaje. De esa forma se hace mucho más competitivo al pequeño productor.

Entonces puede decirse que la devolución de retenciones fue una señal positiva del gobierno, al igual que el intento por tener mayor control en el comercio exterior. Son dos señales que no quebraron el modelo productivo vigente, pero que marcaron un camino que es necesario profundizar.

—¿Ves posible esa profundización?

Lo veo posible si se trabaja por abajo. Es decir, si se convence a las mayorías de que todas estas medidas los van a favorecer, porque la campaña mediática del neoliberalismo viene logrando que muchos pequeños productores abracen causas que no les son propias. Hay una opinión generalizada de que el Estado no debe meterse y que el mercado debe ser el ordenador de la economía agropecuaria. Eso es perjudicial para el pequeño productor.

—¿Hace falta mayor organización del sector?

El poder concentrado está organizado y mete presión, y los sectores populares tenemos que hacer lo mismo. Para eso debemos estar unidos en base a un programa, que a su vez necesita de cierta organización. Tenemos que profundizar la organicidad de los sectores populares del campo, tanto de la agricultura familiar como de los pequeños y medianos chacareros. Yo estoy nucleado en la Federación Agraria y veo que hace falta un accionar claro marcado por las conducciones, que lamentablemente hoy se acoplan muchas veces a los intereses de entidades que nada tienen que ver con la base que se representa.

El gran problema a resolver es frenar la deserción de los pequeños productores. Se calcula que de 1988 a la fecha desaparecieron el 41 por ciento de los pequeños y medianos productores, y del último censo a hoy desaparecieron 80 mil productores agropecuarios. Eso tiene un correlato directo con el nivel de organicidad de las entidades que los representan, porque pierden poder de representatividad y ya no tienen con quien hablar. Y muchos productores de 40-50 hectáreas terminan alquilando sus campos a los pooles de siembra, se transforman en rentistas y pierden identidad como trabajadores.

—¿Qué lectura hacés de las leyes que regulan la actividad?

Tener una buena regulación es fundamental para los pequeños y medianos productores. La desaparición del sector dada desde la década del ’90 coincide con el período de mayor desregulación de la actividad agropecuaria. Con Carlos Menem se profundizó el modelo heredado de la dictadura que proponía la desaparición de toda herramienta de regulación, particularmente el vaciamiento de la junta nacional de granos, de la junta nacional de carnes y de la ley de arrendamiento.

Hoy la actividad agropecuaria está regulada por el mercado. Por ejemplo, para alquilar un campo antes se establecían plazos de alquiler en base a precios mínimos establecidos. Pero hoy todo queda a voluntad de quien tiene el dinero para alquilar el campo. No hay ninguna norma que te impida trabajar 100, 200 o 500 mil hectáreas. Por lo tanto el capital financiero es el que termina ganando. Eso causó la desaparición de muchos pequeños productores agropecuarios.

Por eso pedimos que el Estado regule la actividad agropecuaria, que intervenga en el mercado con una empresa testigo para determinar qué se destina al mercado interno y qué a la exportación. También es importante fijar precios mínimos claros y regular la tenencia y usos de la tierra. Tenemos una legislación muy pobre a esos respecto.

—¿Qué opinás de la ley de acceso a la tierra que propone la UTT?

Es un intento muy bueno que va acompañado con la idea de un Procrear Agrario, porque el principal costo que tiene un productor agropecuario hoy es el de la tierra. Tiene que haber una regulación porque no puede ser que gane más el dueño de la tierra que quien la trabaja.